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| En octubre de 1947, transcurridos dos años de la primera presidencia de Perón, la Gendarmería Nacional al mando de Natalio Faverio masacró a no menos de mil indígenas pilagás, y doscientos aún continúan desaparecidos en Rincón Bomba. |
Territorio nacional de Formosa en 1947. Dos años después del “día de la
lealtad peronista”. Las familias pilagás, tobas y wichis se dirigen
caminando a la Compañía El Tabacal en Tartagal (Salta), propiedad del
terrateniente oligarca y empresario del azúcar Robustiano Patrón Costas,
en busca de trabajo. El gobierno de Perón había establecido un régimen
de trabajo esclavo y el patrón no cumplió con el salario prometido. Los
indígenas reclamaron y fueron despedidos. Acechados por el hambre y las
enfermedades deciden volver con sus familias a su territorio en Las
Lomitas (Formosa).
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| Prisioneros pilagá fotografiados junto a un gendarme |
Los temores al “gran malón”, a la “sublevación indígena”, a “los
indios revoltosos”, en “actitud de alzamiento” se expresaban en la
prensa de la época y en los voceros de la clase política gobernante.
Esto generó un clima propicio para la represión. La Gendarmería formó
una línea de más de cien hombres armados entre el pueblo y la comunidad.
Al acercarse para parlamentar empezó la represión.
El 10 de octubre comienza el otro octubre peronista,
la matanza se lleva adelante. Los gendarmes provistos con
ametralladoras, carabinas y fusiles avanzaron sobre la comunidad. La
cacería por el monte duró tres semanas. Durante las noches los gendarmes
encendían bengalas para iluminar un territorio para ellos desconocido.
Fue un asunto de Estado. Desde Buenos Aires se enviaron dos aviones de
la Fuerza Aérea utilizados para reprimir desde el aire. Esta fuerza lo
reconoce como su bautismo de fuego.
Los testimonios de los pueblos originarios se refieren a una masacre,
un genocidio. Sus cuerpos fueron arrasados por topadoras y quemados.
Las mujeres y las niñas fueron violadas. Los ancianos, fusilados. Muchos
fueron perseguidos hasta Paraguay, donde fueron detenidos para ser
llevados a las reducciones. En el año 2006 se encuentran veintisiete
cuerpos, y un grupo de abogados inicia acciones legales contra el Estado
nacional por violaciones a los derechos humanos.
Nadie de Gendarmería fue castigado por la masacre y el genocidio.
Santos Costas, quien fue integrante de la fuerza en el momento de los
hechos, fue felicitado y ascendido por Orden 2.595 del director de
Gendarmería Nacional. Luego abandona la fuerza y se convierte en juez
federal en Formosa. Su juzgado tiene la causa de lesa humanidad por los
hechos que se le imputan. Uno de los gendarmes espera en su casa
mientras la Cámara Federal de Resistencia resuelve su imputación. Por
otro lado, los pueblos originarios continúan siendo asesinados y
perseguidos.
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